Rafael Lucio Gil *
16 Agosto 2015
La
educación es un bien público avalado y demandado por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos desde 1948. Este consenso, no obstante, en muchos
países ha sido sustituido por intereses del mercado.
Esta
pugna de sentidos y significados, cada día es más intensa, en tanto los
sectores más empobrecidos de la Región y movimientos organizados, luchan
defendiendo una educación pública de calidad, en la que nadie se sienta
excluido.
Desde
esta perspectiva la educación no es una dádiva de los gobiernos, sino un
derecho natural de todos. Ha de ser, por ello, una reivindicación necesaria que
no debe descansar en su lucha, mientras este derecho no se concrete para todos.
No vale decir que ya hemos logrado este derecho en tanto la mayoría lo
disfruta. Es más, no se trata de limitar este derecho a la infancia y
adolescencia en la escuela, se trata de ver su cumplimiento trascendiendo los
muros de la escuela, a lo largo de toda la vida, para todos los sectores y
edades.
Pero este
derecho, generalmente desconocido por padres y madres de familia y la
ciudadanía, demanda ser trasparentado en todas sus vetas. No se trata de una
educación en abstracto, es muy concreta y se expresa en indicadores precisos,
cuyos resultados merecen ser conocidos por todos y no solo por los gobiernos.
Tal derecho no es patrimonio ni dádiva de estados ni gobiernos, es de todos y
para todos.
Todos los
sectores merecen tener acceso a los datos estadísticos que muestran avances y
rezagos, por la naturaleza misma de este derecho, y porque la educación es
tarea de toda la sociedad, responsabilidad de todos. Cuando el acceso a estos
datos se niega a investigadores, se impide comprender científicamente las
causas y efectos de la problemática y dinámica educativa, cerrándose los ojos a
la toma de decisiones pertinentes, no transparentándose el nivel de
cumplimiento del derecho.
Esclarecen
este derecho las grandes declaraciones de educación en las que los países han
concertado acciones comprometidas referidas a este derecho. Las Cumbres de
Educación para Todos de Jomtien (1990) y Dakar (2000) nos han recordado la
importancia de activar este derecho. En este mismo año, el Foro Mundial de
Educación (2015) (Incheon, Corea del Sur) declara lo siguiente en el punto 18
de la Declaración: “Resolvemos desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y
evaluación integrales a fin de producir datos sólidos para la formulación de políticas
y la gestión de los sistemas educativos, así como para velar por la rendición
de cuentas. Solicitamos además a los coorganizadores y los asociados del Foro
Mundial sobre la Educación 2015 que apoyen el desarrollo de capacidades de
recopilación y análisis de datos y presentación de informes en el plano
nacional. Los países deberían esforzarse por mejorar la calidad, los niveles de
desagregación y la presentación oportuna de informes al Instituto de
Estadística de la Unesco. Solicitamos también que se mantenga el Informe de
Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo como informe independiente
de seguimiento de la educación en el mundo, implantado en la Unesco y publicado
por la Organización, en tanto que mecanismo de seguimiento y presentación de
informes sobre el ODS 4 propuesto y sobre la educación en los otros ODS
propuestos, dentro del mecanismo que se establecerá para vigilar y examinar la
aplicación de los ODS propuestos”.
Es muy
claro este pedido de rigor con que se demanda organizar técnicamente y procesar
con responsabilidad y cuidado la información que se recibe de los centros
educativos. Trasparentar esta información es parte del derecho a conocer datos
oficiales únicos, sin versiones diferentes, lo que contribuirá a que toda la
sociedad esté al tanto de avances y desafíos de la educación, como recurso
exquisito para que la responsabilidad ciudadana en la educación no solo se
incremente, sino también contribuya a colaborar de forma más directa y
comprometida con la educación en sus diversas expresiones y niveles. Más allá
de cumplir con la Ley del Derecho a la Información, lo más importante es lograr
que nuestras instituciones crezcan en la sensibilidad requerida, para que la
responsabilidad de la educación sea patrimonio de todos, y no solo de quienes
tienen la responsabilidad de dirigirla.
Si como
país queremos que todos, sin ambages, se interesen y participen en hacer
realidad este derecho con sentido pleno, esta es, apenas, una condición
necesaria, aunque no suficiente, pues también existen otros recursos
complementarios.
*Ideuca.
Educador e Investigador.
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