Rafael Lucio Gil*
La
educación es, ante todo, un proceso complejo de comunicación y diálogo entre
instituciones, organismos, dirigentes, docentes, familias y actores sociales en
general. Esta interacción, en tanto logre producirse, proporcionaría a la
educación legitimidad y credibilidad, a la vez que las instituciones y
organismos sociales ampliarían sus niveles de responsabilidad y compromiso con
la educación de la niñez, adolescencia y juventud.
En la
medida que este vínculo e interacción se distorsione o pierda, se alejará más
la oportunidad de convertir la educación en punto de confluencia y encuentro
social, hasta el punto de convertirla más en polo de exclusión y no de
inclusión.
La
educación no se debe a sí misma sino al país, al partido y a la sociedad, sus
instituciones y organizaciones. Ofrece la mejor oportunidad a las familias,
actores sociales e instituciones públicas y privadas, para incidir en la mejora
continua de su calidad, como la mejor contribución que puedan brindar al desarrollo
del país.
Para
lograr esta sinergia y democratización en la toma de decisiones educativas, en
respuesta a las demandas de las familias y la sociedad en general, es de vital
importancia que el aparato educativo se abra al país y la sociedad entera sin
distingos de ningún género, informándoles con rigor, veracidad y
transparencia.
Un
sistema educativo que no se investiga a sí mismo ni posibilita que
investigadores independientes también lo hagan, difícilmente encontrará los
mejores caminos que demanda el mejoramiento de la calidad educativa. La
realización de cualquier investigación sobre la problemática educativa requiere
contar con la información necesaria, oportuna y veraz, lo que proporcionará las
mejores luces, con base científica, para determinar y entender la problemática
educativa, poder analizarla con referentes teóricos actualizados, y aportar
caminos y escenarios de mejora o transformación de la realidad educativa.
Cuando la
administración educativa se niega a sí misma esta posibilidad, la educación se
empobrece, quedando presa de intereses particulares, y condenada a reproducir
endogámicamente sus propias debilidades, vicios y errores, negándose a la
iluminación científica que provee nuevos caminos para la mejora continua su
calidad.
También
las organizaciones de la sociedad civil están llamadas a aportar conocimiento,
experiencia pedagógica no formal, innovaciones y valores a la educación,
mediante la participación efectiva en la gestión educativa. Cuando se niega
esta participación, la educación formal se empobrece evadiendo el encuentro
enriquecedor de organizaciones civiles que han construido experiencias de
educación de gran sentido pedagógico innovador, más cercano a los contextos
reales de los más pobres y desprotegidos de la educación formal.
La
Constitución de la República y la Ley General de Educación se constituyen en
dos referentes obligados que orientan en este mismo sentir. No solo demandan
participación de autoridades, docentes y padres de familia en la experiencia
educativa, sino que también precisan el papel fundamental que deben jugar las
organizaciones sociales en la educación.
Así, en
la Ley General de Educación, el artículo 84 establece que “la gestión de la
Educación Escolar es concertada, participativa y con flexibilidad”; demanda, a
su vez, en el artículo 85 que se debe “incrementar la participación de la
comunidad, organismos no gubernamentales, organizaciones sindicales y sociedad
civil en la administración del sector educativo”.
También
en el artículo 113 se insiste en que: “La educación en Nicaragua es un proceso
que requiere de la participación social. Las organizaciones civiles, las
instituciones y empresas públicas y privadas, los gremios, las instituciones
religiosas y laicas y, en general, todos los sectores de la Nación, tienen en
la educación intereses, objetivos y responsabilidades ineludibles”.
La ley,
incluso, va mucho más allá cuando afirma, en el artículo 114: “Todas las
organizaciones civiles, instituciones, las empresas y la sociedad civil en
general, que por su naturaleza estén relacionadas con la educación, tienen el
deber y derecho de participar activamente en la planificación, gestión y
evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural
y multiétnica”.
Tal
participación se sostiene en dos pilares fundamentales: la información
transparente y la contraloría social.
Desde la
primera, la sociedad civil y el país, en general, deben poder contar con la
información pertinente, pero también se requiere que la gestión educativa y sus
resultados sean debidamente transparentados a toda la sociedad. Ello
contribuirá a que, el país entero, esté al corriente de los avances y
vicisitudes que tiene su educación, participe más activamente apoyando los
programas que corresponden, y se responsabilice mucho más por estos resultados
implicándose en procesos de mejora de la calidad educativa.
Por otra
parte, la contraloría social, más que percibirla como un posible peligro,
debiera de verse como una gran oportunidad de contar con la vigilancia y monitoreo
que las organizaciones sociales, padres y madres de familia, instituciones
públicas y privadas, y en general la población entera, pudieran ejercer. Sin
duda, que ello ayudaría muchísimo a detectar avances, errores, dificultades y
proponer soluciones constructivas que mejoren la educación. En general, se
lograría en particular, la necesaria implicación de toda la sociedad en la
educación, convirtiéndose así, en una sociedad y país en estado de educación.
Es mucho lo que nos hace falta, lo importante es que todos tengamos la voluntad
de hacerlo.
Ideuca.
29 noviembre 2015
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